Declaración establece el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la autonomía o autogobierno en temas relacionados con sus asuntos internos y locales.
La ONU indicó que la declaración será vinculante para los gobiernos si promulgan leyes nacionales para reconocer el documento.
Una victoria histórica para el movimiento indígena tras veinte años de negociaciones.
NUEVA YORK / Los pueblos indígenas de todo el mundo tienen a partir de ahora el derecho a la autodeterminación, al control de su tierra y sus recursos naturales, y la preservación de su cultura y sus tradiciones, según la declaración aprobada ayer jueves por la Asamblea General de la ONU en Nueva York. A pesar de la resistencia de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda donde los indígenas reclaman vastas tierras con ricas reservas, 143 de los 192 países representados en la Asamblea General decidieron adoptar la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Once naciones se abstuvieron del voto. El texto está compuesto de 46 artículos y crea parámetros de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales de los territorios donde se asientan, respeto y preservación de sus tradiciones.
El documento establece además el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, incluyendo el “derecho a la autonomía o autogobierno en temas relacionados con sus asuntos internos y locales, así como caminos y formas para financiar sus funciones autónomas”.
“Cada individuo indígena tiene el derecho a la nacionalidad”, dice la declaración, que fue calificada por Estados Unidos como “defectuosa”.
Pueblos indígenas en todo el mundo, particularmente en países en vías de desarrollo, denuncian año tras año malos tratos, violaciones de los derechos humanos y pérdida de libertades personales así como de sus tierras en sus propios territorios, situación que han corroborado múltiples informes de organismos internacionales, incluida la propia Organización de Naciones Unidas.
Esta situación podría cambiar tras la aprobación del documento. Los territorios donde viven no pueden ser utilizados con fines militares ni, como era frecuente en el pasado, para el depósito de residuos tóxicos, dice el texto aprobado por la Asamblea General.
La declaración sostiene que los estimados 300 millones de indígenas en el mundo no deben ser sujetos de “ningún acto de genocidio u otro acto de violencia”, ni se debe proceder al traslado forzado de niños de un grupo a otro.
Los aborígenes no pueden ser desplazados de sus tierras o territorios, mientras que su relocalización no puede ser llevada a cabo sin consentimiento previo, tras una decisión tomada con libertad.
Los 46 artículos de la declaración otorgan a los aborígenes gran cantidad de derechos, la mayoría de ellos tomados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de otros tratados sobre los derechos humanos y las libertades políticas y civiles.
Votos en contra Entre los puntos más polémicos para los estados que votaron en contra de su aprobación figura un artículo según el cual “los Estados deberán otorgar reconocimiento legal y protección” a las tierras, territorios y recursos que son tradicionalmente propiedad de los indígenas, así como a las áreas “ocupadas, usadas o adquiridas” por estos pueblos.
“Lamentablemente, las disposiciones en la declaración de tierras, territorios y recursos son demasiado amplias, confusas y pasibles de una gran variedad de interpretaciones, sin mencionar la necesidad de reconocer una serie de derechos sobre la tierra y posiblemente cuestionar asuntos que han sido establecidos por tratado”, dijo a la Asamblea el embajador canadiense ante la ONU, John McNee.
“Estamos muy desilusionados con la oposición de Canadá a la declaración sobre los pueblos indígenas”, dijo por su lado el líder de la Asamblea de las Primeras Naciones Phil Fontaine, quien viajó a Nueva York para cabildear por la medida.
El delegado de Estados Unidos Robert Hagen dijo que pese al “no” de su país, su gobierno “continuará con sus vigorosos esfuerzos para promover a nivel nacional los derechos de los aborígenes”. “Según las leyes de Estados Unidos, Estados Unidos reconoce las tribus indias como entidades políticas con poderes inherentes de autogobierno como los primeros habitantes”, explicó. “En nuestro sistema legal, el gobierno federal tiene una relación gobierno-gobierno con tribus indígenas”.
La embajadora Rosemary Banks de Nueva Zelanda, donde vive el pueblo maoríe, dijo que en su país existen tratados que reconocen los derechos de los indígenas locales. Añadió que su gobierno participó en la negociación de la declaración, pero que muchos puntos son “imperfectos”, en particular aquellos que tratan el tema de las tierras y los recursos.
“Por ese motivo, con pena y decepción genuina, Nueva Zelanda no puede apoyar la declaración”, indicó Banks. Satisfacción en ONU El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, urgió a los gobiernos y la sociedad civil a integrar de inmediato a sus agendas de derechos humanos y desarrollo los asuntos relacionados con las garantías de los indígenas.
Aunque la Declaración no es jurídicamente vinculante, supone un instrumento legal internacional que ayudará a proteger a los indígenas contra la discriminación y marginación, destacó Ban Ki-moon. “La declaración será vinculante para los gobiernos si promulgan leyes nacionales para reconocer el documento”, subrayó Naciones Unidas a través de un comunicado.
Otros altos funcionarios de la ONU que elogiaron la aprobación de la Declaración fueron la presidenta del 61 período de sesiones de la Asamblea General, la embajadora de Bharein Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, y la alta comisionado para Derechos Humanos, Louise Arbour.
Con la adopción de esta Declaración damos otro gran paso hacia la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales para todos, dijo Al Khalifa. Arbour, en tanto, señaló que el trabajo y perseverancia de los pueblos indígenas y sus amigos, junto con el apoyo de la comunidad internacional, finalmente dio el fruto en esta Declaración. Victoria Tauli-Corpuz, presidenta del Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas, dijo que la declaración "fija las normas mínimas para la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas".
"En consecuencia, las leyes actuales y futuras, las políticas y programas de los pueblos indígenas, tendrán que ser rediseñadas y moldeadas para ser consistentes con esas normas", subrayó.
Por su parte, el director de Survival Internacional, Stephen Corry aseguró a EFE que “la declaración elevará el nivel internacional de derechos indígenas, del mismo modo en que la Declaración universal de los Derechos Humanos lo hizo hace casi 60 años.
Creará un punto de referencia por el cual se podrá juzgar el tratamiento hacia los pueblos indígenas y tribales, y esperamos que nos haga pasar a una era en la cual no se vuelva a tolerar el abuso de sus derechos” / Azkintuwe
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